Una juez de Barcelona procesa a una treintena de empresarios y altos cargos del Govern por el 1-O

Fuente: El País - España

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Mientras el Tribunal Supremo juzga a los líderes independentistas, la otra gran investigación sobre el procés llega a su fin. La titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Alejandra Gil, ha concluido la investigación y ha procesado a 30 de los implicados por delitos de malversación, desobediencia, falsedad, revelación de secretos y prevaricación, según los casos. La mayoría de ellos son cargos y altos cargos del Govern de Puigdemont: la segunda línea del Ejecutivo, que tuvo un papel “decisivo” en la organización del referéndum. La magistrada ha impuesto a 17 de ellos una fianza global de 5,8 millones de euros al ser la cantidad “supuestamente gastada o comprometida” para celebrar el 1-O.

Las 30 personas sobre las que hay indicios de delito son subordinados de los consellers —los números dos y tres de distintos departamentos—, cargos de organismos públicos de la Generalitat, funcionarios y empresarios. El juez que llevó el peso de la investigación sobre los preparativos del referéndum, Juan Antonio Ramírez Sunyer —fallecido el pasado noviembre sin poder completar la instrucción— llegó a citar a algunos de los cargos por sedición. Ese delito, sin embargo, ha quedado finalmente excluido del auto de procesamiento. Las defensas de los líderes independentistas han denunciado las presuntas “irregularidades” en la instrucción de Pablo Llarena en el Tribunal Supremo, que se nutrió básicamente de indicios recopilados por Ramírez Sunyer.

La magistrada ha decidido exculpar a otras 15 personas que también estaban siendo investigadas al no apreciar indicios suficientes de delito. Entre ellas están Carles Viver Pi i Sunyer —considerado el “arquitecto jurídico” del procés— y el exjuez y exsenador de Esquerra Santiago Vidal. Se da la circunstancia de que la investigación judicial nació, precisamente, a raíz de unas declaraciones públicas en las que Vidal aseguraba que el Gobierno de Carles Puigdemont estaba cometiendo presuntas ilegalidades para organizar el referéndum.

Lo que comenzó como una presunta revelación de secretos se acabó convirtiendo en el gran ariete contra el procés, que monitoreó los preparativos de la consulta ilegal. Por orden judicial, el 20 de septiembre de 2017 la Guardia Civil registró 40 dependencias públicas —incluido el Departamento de Economía— lo que provocó una protesta multitudinaria que, a su vez, se convirtió en la base del delito de rebelión por el que la Fiscalía acusa a los líderes independentistas.

Entre los procesados por la juez de Barcelona hay seis altos cargos que no son aforados y que constituían la segunda línea política por debajo de los consejeros del Govern de Puigdemont: cuatro secretarios generales (Joaquim Nin, Presidència; Aleix Villatoro, Exteriores; Josep Ginesta, Trabajo; Meritxell Massó, Gobernación) y dos directores generales (Francesc Sutrias, Patrimonio; Jaume Clotet, Comunicación). La mayoría son procesados por delito de malversación.

Otros cargos de la Generalitat procesados son Antoni Molons, antiguo secretario de Difusión y responsable de las campañas de promoción del referéndum, o Rosa Vidal, interventora general de la Generalitat. Esta última tuvo “cabal conocimiento de todos los contratos y pagos” y acreditó, falsamente según la juez, que no tenían vinculación con el referéndum. Vidal —procesada por malversación pero también por falsedad documental— fue una de las invitadas al acto celebrado el 21 de abril de 2017 de “unidad y compromiso con el referéndum”. También serán juzgados, por desobediencia, la responsable de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (Núria Llorach) y los directores de TV-3 (Vicent Sanchís) y de Catalunya Ràdio (Saül Gordillo), al permitir que se exhibieran anuncios sobre el 1-O pese a haber sido advertidos por el Tribunal Constitucional.

Contribución decisiva en el 1-O

La juez comienza su relato en 2012, con el “acuerdo para la transición nacional” entre Artur Mas y Oriol Junqueras, y lo concluye con el “corolario” de la declaración unilateral de independencia (27 de octubre de 2017). Los procesados, pese a que eran conscientes de la “ilegalidad de las actuaciones” para organizar el 1-O, siguieron “las directrices marcadas” por los distintos departamentos de la Generalitat, que tenían el “firme propósito” de celebrar la consulta. En ese “plan común”, cada uno de los 30 investigados, “dentro de sus competencias, contribuyó de manera decisiva” en la ejecución del 1-O. En el auto se citan firmas de acuerdos, conversaciones telefónicas y correos que detallan esa participación.

El auto se centra en el delito de malversación, que vertebra toda la causa. Los cargos del Govern “realizaron actuaciones y dictaron resoluciones” con las que “dispusieron de fondos públicos para financiar el referéndum”. La magistrada cita los informes de la Guardia Civil que obran en la causa del 13 y que señalan más partidas que las que cita la Fiscalía en el juicio del procés en el Tribunal Supremo. Por ejemplo, se consideran gastos del referéndum los trabajos de reforma de una nave del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat para instalar un call center durante el 1-O por 1,2 millones de euros.

Fianza solidaria por 5,8 millones

La cifra global que se considera malversada es de 5,8 millones. La juez impone a los 17 procesados por malversación una fianza “solidaria” por responsabilidad civil por ese importe. Si no la abonan, se embargarán sus bienes. Además de los cargos, la magistrada ve indicios de malversación en empresarios como Pablo Raventós, dueño de Unipost, la empresa a la que la Generalitat encargó el reparto de sobres y papeletas para el 1-O. Destaca su “estrecha colaboración” con los promotores del referéndum y le señala también por desobediencia porque, pese a que no le fueron notificadas las resoluciones del Tribunal Constitucional, él y otros empresarios “siguieron colaborando en su celebración sin dar cuenta a las autoridades y sin hacer nada para impedirlo”.

Además de esos delitos, la juez atribuye revelación de secretos a tres personas, incluido el director de Idescat, Francesc Udina. Este cedió los ficheros con los datos del registro de población de Cataluña a Daniel Gimeno, jefe del gabinete técnico de Vicepresidencia y Economía. Con esos datos, dice el auto, se elaboró un censo de votantes para el 1-O. La cesión solo estaba amparada para consultas populares no referenendarias. Y ninguna de esas consultas estaba prevista en junio de 2017, sino que precisamente fue en esa fecha, recuerda, cuando Carles Puigdemont convocó el referéndum sobre la independencia.

Fuente (Fotos y Texto) El País - España