La Guardia Civil destapa una “singular” vía de financiación ilegal del PP de Aguirre

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Las últimas pesquisas de la Guardia Civil en el caso Púnica sobre la supuesta caja b del PP de Madrid en la etapa de Esperanza Aguirre han permitido confirma la existencia de una nueva vía de financiación irregular que los investigadores tildan de “singular”. En un atestado entregado recientemente al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, la Unidad Central Operativa (UCO) asegura haber encontrado pruebas sobre una peculiar forma de amañar contratos públicos en favor de una empresa que se hizo cargo de parte de la campaña electoral de los populares en las elecciones autonómicas de 2011. La investigación se centra en dos adjudicaciones que suman 234.000 euros. En las últimas semanas, la UCO ha tomado declaración a diez personas por estos hechos. De ellas, a cinco como “investigados no detenidos”, entre ellos varios cargos públicos del entonces Gobierno regional del PP.

Según se recoge en el documento policial –al que ha tenido acceso EL PAÍS-, las pesquisas sobre esta supuesta vía de financiación “singular” se centran en la empresa de publicidad El Laboratorio de Almagro 36 SL, investigada ya en el caso Púnica por supuestamente facilitar facturas que sirvieron al PP para camuflar su caja b. La investigación sobre las supuestas irregularidades ahora confirmadas arranca en marzo de 2017, cuando la Guardia Civil localizó en diversos registros numerosas documentación sobre la supuesta "participación encubierta" de esta empresa de publicidad en un concurso público que la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid adjudicó el 2 de marzo de 2011, poco antes de las elecciones autonómicas y municipales de aquel año, para incentivar el pago de impuesto entre los madrileños. La UCO destacaba ya entonces que el contrato fue adjudicado formalmente a otra empresa, pese a lo cual el 60 % de los beneficios (122.787,72 euros) se los embolsó El Laboratorio.

Entre los documentos intervenidos entonces, aparecieron varios que probaban los estrechos vínculos entre esta empresa y el PP, según la Guardia Civil. Entre ellos, un listado con teléfonos móviles y direcciones de correo electrónico de dirigentes populares como Beltrán Gutiérrez -gerente de la formación e imputado en la causa-, Francisco Granados -entonces secretario general del PP regional y presunto cabecilla de la trama Púnica-, y personas del equipo de Antonio Beteta, en aquel momento consejero de Hacienda, el departamento que adjudicó este primer contrato bajo sospecha.

Los investigadores también hallaron diversos mensajes de correo electrónico entre los directivos de El Laboratorio en los que aseguraban contar con "amigos" y "contactos" en el seno de la Comunidad de Madrid junto a alusiones directas a diversas licitaciones. Uno de ellos era, precisamente, el de la campaña de publicidad contra la elusión de tributos autonómicos, de cuya licitación la empresa presuntamente “obtuvo información privilegiada” con antelación al resto de mercantiles interesadas.

El nuevo documento policial apunta ahora que las pesquisas realizadas en los últimos meses –entre ellas la solicitud de diversa documentación a la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid, a tres empresas y a la Agencia Tributaria- no solo ha permitido confirmar las sospechas sobre las irregularidades en aquel contrato, sino encontrar otras en un segundo contrato, también de 2011, en el que la empresa adjudicataria fue El Laboratorio. En este caso se trata de una adjudicación de 21.228 euros para recabar “las opiniones y actitudes de los madrileños sobre fiscalidad y servicios públicos de la Comunidad de Madrid”. La Guardia Civil destaca que el pago de esta cantidad fue justificado con una factura “falseada” y considera que el objetivo último era “desviar dinero público con el que la citada empresa pudiese sufragar una deuda que mantenía con un proveedor”.

En este supuesto amaño, del que los agentes aseguran haber recabado “numerosos correos electrónicos”, los agentes implican al exconsejero Borja Sarasola, que en 2011 era viceconsejero de Presidencia. Según los agentes, Sarasola –que no está imputado en la causa- presuntamente aprovechó su puesto en el Ejecutivo de Aguirre para ordenar al entonces secretario general técnico de la Consejería de Economía y Hacienda, Francisco Lobo, que pusiera en marcha el mecanismo para adjudicar este segundo contrato a El Laboratorio. Lobo es uno de las cinco personas que ha declarado en las últimas semanas como “imputado no detenido” ante la Guardia Civil.

Según los agentes, para justificar ese sondeo demoscópico, los presuntos implicados crearon “una necesidad pública inventada” que, además, tuvo “extraordinarios sobrecostes”. En este sentido, el documento policial destaca que “el coste real de la prestación realizada no alcanzaría ni el 7% del importe de la factura que fue abonada con dinero público”. La UCO avanza al juez García-Castellón que en breve entregará en la Audiencia Nacional un informe detallado para poner "de relieve la existencia de sólidos elementos probatorios" sobre esta "singular" forma de financiación del PP de Aguirre.

Fuente El País - España