Los estudiantes de EE UU llevan a la calle su liderazgo en la lucha juvenil contra el cambio climático

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La juventud estadounidense está lista para debutar masivamente en la calle contra el cambio climático. Cinco adolescentes de entre los 12 y los 17 años son los fundadores de Huelga Climática Juvenil, un movimiento que ha organizado para este viernes cerca de 400 marchas a lo largo de todo el país. El impulso de los estudiantes viene arrastrado por el caso Juliana contra Estados Unidos de América. Se trata de la demanda interpuesta por 21 jóvenes contra el Gobierno de EE UU por no protegerlos de los daños que supone el uso de los combustibles fósiles, a pesar de que conocían las catastróficas consecuencias. Un hito legislativo en la historia americana. En junio se celebrará una vista para que las partes puedan exponer sus alegaciones tras una seguidilla de retrasos provocados por la Administración de Donald Trump.

En 1988, en una comparecencia con aires proféticos, el científico James Hansen alertó ante el Congreso de EE UU de que un aumento en las emisiones de dióxido de carbono podría cambiar el clima del planeta hasta un punto sin retorno. La Administración de entonces no tomó las medidas necesarias para frenar el daño. Tres décadas más tarde, los 50 Estados del país presentan temperaturas más altas, los huracanes y las tormentas son más intensas, numerosas especies están en peligro de extinción y el hielo marítimo se derrite. Sophie Kivlehan, la nieta de Hansen, espera que esta vez la acción gubernamental sea significativa. La lucha heredada ha llevado a Kivlehan a formar parte de los estudiantes (entre 11 y 19 años) que demandan al Gobierno.

Juliana contra los Estados Unidos de América (por el apellido de una de las jóvenes) "no es una demanda ordinaria", reconoció un año atrás la jueza Ann Aiken de la Corte de Oregon cuando rechazó una moción de la Administración de Trump para desestimar el requerimiento. Julia Olson, la abogada que representa a los demandantes, trabaja en la construcción del caso hace ocho años. Quiere probar que desde hace medio siglo que todos los presidentes que han pasado por la Casa Blanca han sido advertidos sobre las consecuencias catafóricas que puede generar la quema de combustibles fósiles en el clima. Cuenta con 36.000 páginas de evidencia. En 2015 la veintena de jóvenes llevó la causa a los tribunales, alegando —a través de experiencias personales— que el Gobierno contribuye al cambio climático, poniendo en peligro su futuro y violando sus derechos constitucionales a la vida, la libertad y la propiedad.

Lo que en un comienzo fue visto como una causa sin sustento ha logrado robustecerse con el tiempo, sorteando en el Supremo las dos mociones interpuestas para desestimarla. En las audiencias judiciales sostenidas hasta ahora, el Departamento de Justicia ha descrito la demanda como errónea, inconstitucional y sin precedentes. Lo único que se sabe por el momento es que en el último punto llevan razón. Esta es la batalla legal contra el cambio climático más importante de la historia de EE UU. La Administración alega que la política energética es responsabilidad legal del Congreso y de la Casa Blanca, no de un solo juez en Oregon. Y aunque ahora reconocen la existencia del cambio climático, sostienen que “es un problema global complicado” que no fue causado y no puede ser resuelto solo por el Gobierno de EE UU.

La abogada Olson no responsabiliza a Washington de todo. Solo del 25% del dióxido de carbono atmosférico, el cual se ha acumulado, según explica en una reciente entrevista en el programa 60 Minutes, debido a las decisiones que han tomado para subsidiar el sistema de energía basado en combustibles fósiles. “Ahora somos el mayor productor de petróleo y gas en el mundo debido a las decisiones que ha tomado nuestro gobierno federal”, acusa. Uno de los pilares de su alegato es que se han utilizado terrenos públicos para la extracción de este tipo de combustibles. “El Gobierno debe gestionar esos recursos como fideicomisario para los ciudadanos presentes y las generaciones futuras. Si se prueba que el Gobierno con sus acciones ha alterado sustancialmente la atmósfera y el sistema climático, habría violado ese fideicomiso público que debe a los ciudadanos”, explicó a EL PAÍS Mary Wood, profesora de la Universidad de Oregón y reputada experta en derecho medioambiental.

Fuente El País - España