Acabar con la pobreza energética

España
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Dos nuevos gobiernos inician su andadura en Cataluña y en España. Es un buen momento para que la ciudadanía aconfesional prepare su carta a los Reyes Magos y se aborde una de las caras más agresivas que presenta la crisis: la de la pobreza energética. En la España 2016, el 21% de los hogares tenían dificultades para pagar el llamado recibo de la luz: de ellos cuatro millones no podían mantener su vivienda a una temperatura adecuada.

Las medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno central han sido a todas luces insuficientes. Se hace oídos sordos a dos Directivas europeas de 2009 que urgen a los Estados a garantizar el suministro de gas y electricidad a los ciudadanos vulnerables. La jacobina Francia prohíbe los cortes de luz en periodo hibernal. Pero en la descentralizada España se ha optado por el libre albedrío. En un mercado falso como es el eléctrico en el que el 55% de la factura son costes regulados, todo es tan libre que se deja cazar a la zorra en un gallinero, eso sí, en libertad.

El descuento de entre un 25% y de hasta un 40% para los consumidores vulnerables severos prevista por la regulación del bono social de octubre de 2017 es claramente insuficiente, según la memoria que el propio Ministerio de Industria ha realizado sobre su aplicación. En el citado informe se tiene la franqueza o la desfachatez de asegurar que “es improbable” que la totalidad de quienes derecho al bono se acojan a él. El propio ministerio calcula la “tasa de aceptación” en un 45%, con lo que el 55% de quienes podrían acceder a este derecho se quedarán fuera. En fin, la medida es tan singular que depara uno de esos ejemplos de descentralización al que nos tenía acostumbrados el Gobierno del PP: centrifuga a las administraciones autonómicas o municipales el 50% del recibo de los ciudadanos en riesgo de exclusión social.

En Cataluña existe una ley propia que ha sido cosida a recursos por las eléctricas. Lo cierto es que el texto catalán 24/2015 no está suspendido en lo tocante a pobreza energética y establece el llamado “principio de precaución” que supone que antes de cortar la energía por impago, es preceptivo un informe de los servicios sociales del municipio. Pero las grandes empresas eléctricas se niegan a negociar un protocolo con las administraciones para abordar con seriedad este asunto. A trancas y barrancas, la ley catalana ha logrado evitar el corte de suministro a 39.000 familias, según datos de 2016.

Hace unos días que la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) en colaboración con el Instituto de Investigación TransJus de la Universidad de Barcelona ha publicado Pobreza energética. Regulación Jurídica y protección de los derechos de las personas, donde profesores de Derecho Constitucional, Público, Administrativo, así como síndicos municipales, buscan una salida del laberinto jurídico en el que la endeblez o directamente la inexistencia de políticas públicas ha sumido a los ciudadanos más vulnerables. La idea que subyace es que por el hecho de que un servicio deje de estar en manos públicas —el cómo se privatizó sería para otra novela— el ciudadano no debe verse privado de sus derechos. Se trata de que las grandes compañías —Endesa, Iberdrola, Gas Natural-Fenosa, EDP y Viesgo—, que ganaron 9.470 millones de euros en los últimos cuatro años, incorporen a su evidente ánimo de lucro la denominada responsabilidad social corporativa.

Por todo ello, sería conveniente que los nuevos responsables gubernamentales echaran un vistazo al diagnóstico de los expertos para ponerse a trabajar. Eso permitiría acabar de una vez por todas con la lacra de la pobreza energética en un país donde las eléctricas —con gran presencia de políticos entre sus asesores— repartieron el año pasado el 88% de sus beneficios en dividendos para los accionistas.

El Gobierno saliente del PP junto a Ciudadanos vetó hace unas semanas en el Congreso la tarifa social energética propuesta por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y que hubiera supuesto que el Estado dejara de recaudar 186 millones de euros anuales en tasas, según cálculos del propio Gobierno. Tanto PP como C’s consideraron que su veto era imprescindible ya que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la PAH suponía una grave “distorsión” de su política presupuestaria. Los más de 500 millones pactados por el PP con el Partido Nacionalista Vasco no distorsionaban nada en su día. Ahora que Mariano Rajoy ya no está en el poder, parece que esos 500 millones vuelven a alterar seriamente la esencia de la democracia y suenan tambores que anuncian venganza. Pero ellos ya no gobiernan y los nuevos ejecutivos harían bien en poner la política al servicio del ciudadano. Y ahí está un primer reto: la pobreza energética lo exige.

Fuente El País - España