España analiza si se suma al acceso universal y gratuito a las publicaciones de investigación

Ciencia
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En pocas semanas concluye el período de comentarios y réplicas al plan S, la iniciativa europea para que la investigación financiada con dinero público se publique únicamente en revistas y plataformas que permitan su acceso universal y gratuito a partir de 2020. Ni Alemania ni España se han adherido de momento, pero el debate está ya sobre la mesa. 

"En el Ministerio conocemos bien y somos partidarios del plan S", explica Rafael Rodrigo, secretario general de Coordinación de Política Científica del Ministerio de Ciencia, a EL PAÍS. "Robert Jan Smits, su promotor, se puso en contacto conmigo hace tiempo y tanto el director de la Agencia Estatal de Investigación como yo hemos estado intercambiando información con él", explica.

Rodrigo reconoce que, dentro de las apuestas por la ciencia abierta, "este plan S es un poco agresivo, incluso disruptivo". "Eso explica", dice, "por qué en toda Europa hay varias comunidades de científicos que no son partidarias de este plan".

No es el caso de los físicos. "Porque los físicos estamos acostumbrado a poder compartir en repertorios comunes nuestros preprints [artículos previos a la impresión], lo que nos da acceso a toda la ciencia de nuestro área en abierto. Ni siquiera necesitamos el plan S", recalca este astrofísico español, que inició su carrera investigadora en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, donde se dedicó a explorar el sistema solar en proyectos con la NASA y la ESA.

 Robert-jan Smits, encargado del Plan S.
Robert-jan Smits, encargado del Plan S.

Pero en otros sectores, en biología molecular, en medicina, en química, esa dinámica que él conoce de cerca no está aún instaurada. "Eso no significa que los biólogos, los bioquímicos o los ingenieros se opongan al open access, ni mucho menos", puntualiza. "Lo apoyan siempre y cuando adherirse a él no vaya en detrimento de sus proyectos de investigación", añade Rodrigo. Y eso es lo que de momento está en duda.

Esa duda tiene mucho que ver con el bolsillo. "Todos los que hemos tenido proyectos en Europa, yo incluido, sabemos que la comunidad obliga a publicar en abierto", relata. Pero no hay que olvidar que una gran mayoría de las revistas de acceso abierto exigen que los científicos pagan por publicar.

Si hiciéramos lo mismo en España con todos y cada uno de los proyectos que se financian en nuestro país, según Rodrigo, solo habría dos soluciones posibles. "O bien que pague la institución a la que pertenece el investigador, y no estamos en disposición de imponerles semejante cargo, porque se nos echarían encima y con razón; o bien pagarlo desde el Ministerio, pero dentro de los proyectos de investigación". "La opción B", aclara, "implica que, como la financiación de que se dispone para investigación científica está fijada, si aumentamos la partida para abordar los costes del open access se van a poder financiar menos proyectos".

Debate

Robert Jan Smits defiende a capa y espada que el dinero no es óbice para implantar el plan S porque, una vez normalizado el open access, las instituciones dejarían de gastarse tanto dinero en suscribirse a las revistas y podrían destinar esos recursos a publicar. "El dinero solo cambiaría de sitio. Pero es evidente que eso sería a medio plazo", responde Rafael Rodrigo. Al principio, la producción científica sí se resentiría, porque no se recortaría ningún gasto, sino todo lo contrario.

Rafael Rodrigo, secretario general de Coordinación de Política Científica del Ministerio de Ciencia.
Rafael Rodrigo, secretario general de Coordinación de Política Científica del Ministerio de Ciencia.

El Gobierno español están dando pasos, pero que aún es prematuro adelantar una decisión. "El presidente de Science Europe, Mark Schiltz, que está muy implicado en el plan S, se reunió con la presidenta del CSIC y con el director de la Agencia Estatal de Investigación para tratar el tema en conversaciones bilaterales", afirma Rodrigo.

Ismael Rafols no estuvo en esa reunión, pero también tiene mucho que decir. Este investigador forma parte del comité editorial de Quantitative Studies of Science (QSS).  "Es un ejemplo de revista abierta de verdad, porque hemos conseguido que se pueda publicar sin pagar, porque paga una institución, la International Society of Scientometrics and Informetrics", explica. "Soy crítico con la situación actual, porque es un modelo en el que se paga por leer y en el que un oligopolio de unas pocas empresas privadas controlan las revistas y los índices y sacan un gran negocio. Sin ir más lejos, Elsevier tiene un beneficio del 40%, según algunas estimaciones", añade.

Pero el plan S tampoco le convence.  "Da primacía absoluta a la vía dorada [la publicación en revistas de acceso abierto], relegando a un papel secundario a la vía verde, es decir, a los repositorios públicos en los que compartir artículos a coste cero. Mi duda es si, con las prisas del plan S, que es de arriba a abajo, se quedan fuera algunas alternativas interesantes", subraya.

Esta cuestión también le preocupa a Remedios Melero, investigadora en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, del CSIC y editora de la revista científica Food Science and International Technology. "En la versión final del plan S, me encantaría que la vía verde, los repositorios institucionales, estuviera al mismo nivel que la vía dorada", enfatiza. Porque eso le daría "una visión más holística". Pero simultáneamente aplaude que la primera medida del plan S sea que el copyright de los artículos científicos quede en manos de su autores.

"Existe unanimidad en la comunidad científica en torno a la idea de que la ciencia que se paga con dinero público tiene que ser accesible al público y a todos los científicos de forma gratuita", subraya Rodrigo. Pero reconoce que ser los primeros en dar el paso de gigante que propone el plan S, imponer del open access, puede suponer casi un "suicidio" si antes no se valoran las consecuencias y se realiza una estimación del impacto económico muy clara. "Si lo hacemos, que lo hagamos bien, no de manera alocada", recalca Rodrigo. "Si España se adhiere ese plan, asumimos la responsabilidad de que sea una medida para todos los investigadores de nuestro país, y eso implica distintas comunidades con distintas sensibilidades y necesidades". Por eso anuncia que el Ministerio solo "tomará la decisión política una vez valoradas por la agencia estatal cuales son las repercusiones económicas".

Fuente El País - España